En la actualidad, observamos la pretensión por parte de ciertos gobiernos, ideólogos secularistas y grupos de presión, de desacreditar cualquier intento de la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas por incidir en la vida pública. Para justificar su postura, estos gobiernos, ideólogos, grupos y hasta algunos católicos, enarbolan el argumento de que “la Iglesia no debe meterse en política” o de que hay que respetar “la separación entre la Iglesia y el Estado”. En el fondo, la pretensión de estas personas es avanzar un concepto totalmente secularista del Estado y la sociedad, para reducir al silencio a la Iglesia y a los cristianos en cuanto a la esfera pública. Según su concepto individualista y privatista de la religión, quieren una Iglesia “domesticada”, confinando su libertad religiosa al culto dentro de los templos y de las casas.
Implícita o explícitamente, los secularistas y hasta algunos católicos, para justificar sus pretensiones, se refieren al pasaje de Mateo 22:21, en el cual Cristo enseña: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Para los que desde fuera de la Iglesia quieren imponerle su agenda laicista a los católicos y demás cristianos, este pasaje, según su interpretación sesgada, constituye la “justificación” bíblica perfecta de una separación total entre la Iglesia y el Estado. En realidad, lo que quieren los que así piensan es que el Estado y ellos mismos hagan lo que les dé la gana, sin que la Iglesia y sus miembros puedan decir ni hacer nada. Para algunos católicos, la interpretación de este pasaje no llega tan lejos, pero sí lo suficiente como para justificar el votar por quién les dé la gana, aún por candidatos proaborto, sin tomar en cuenta lo que la Iglesia enseña al respecto.
Esta interpretación de Mateo 22:21 es completamente errónea y se estrella estrepitosamente contra lo que la Iglesia Católica misma enseña sobre este pasaje. Veamos qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre esta afirmación de Cristo. “El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. ‘Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios’” [1]. Observemos que la interpretación que le da la Iglesia a este emblemático pasaje – la única vez que es citado en todo el texto doctrinal – ocurre en el contexto de los límites de la autoridad civil. En otras palabras, la doctrina de Cristo va más bien encaminada a proteger el derecho y el deber que tienen los creyentes hacia Dios ante las pretensiones del Estado, y no a confinar a dichos creyentes a ciertas actividades religiosas realizadas en privado.
Por otra parte, la pretensión de taparles la boca a los cristianos en la plaza pública precisamente por el hecho de ser cristianos, no solamente va en contra de la democracia y de la religión, sino de la naturaleza misma de la persona humana. Es un hecho incontrovertible que el ser humano, además de ser un individuo, es, en su misma esencia, un ser social. Pretender limitar su dimensión religiosa a la esfera privada es una burda falacia y constituye un daño enorme al diálogo intra-social, tan necesario para el sustento y el progreso de una sana democracia, donde todos, creyentes y no creyentes, tienen el deber y el derecho de ofrecer su aporte al bien común.
Además, la Iglesia Católica, como institución fundada por Cristo [2], tiene también el deber y el derecho de instruir a sus fieles respecto de sus deberes y obligaciones políticas, sin ello constituir de ninguna manera una intromisión indebida en la legítima aunque relativa autonomía del Estado. Ese deber y derecho de la Iglesia se funda en el hecho de que “La Iglesia, ‘columna y fundamento de la verdad’ (1 Timoteo 3:15), recibió de los apóstoles este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva [3]. Compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos, en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas” [4].
Aunque la Iglesia Católica no tiene una competencia específica en los asuntos humanos, sí la tiene respecto de la dimensión moral que está presente en cada uno de ellos, por cuanto los valores humanos, los principios que los protegen y el destino eterno de las personas están en juego en toda esfera importante de la existencia humana [5]. Y aquí no es válido decir que la Iglesia pretende imponer una “moral sectaria” al resto de la población, como lo sería el exigir que la ley civil obligue a los que no son católicos a ir a Misa los domingos o días de precepto. Aquí se trata de pedir la observancia de la ley natural, que es la moral universal que obliga a todos los seres humanos en conciencia y que es la base de los derechos humanos fundamentales y de su debido respeto [6], sobre todo cuando se trata de los seres humanos más débiles, indefensos e inocentes – por ejemplo, los niños y las niñas por nacer.
Sin la observancia a los preceptos de la ley natural tampoco se puede tener acceso a la salvación. “La autoridad del Magisterio (el Papa y los obispos que están en comunión con él) se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural, porque su observancia, exigida por el Creador, es necesaria para la salvación” [7].
Por todo ello, la autoridad de la Iglesia tiene el sagrado deber de exigirles a sus fieles que se comporten en conformidad con esta ley natural a la hora de, por ejemplo, ejercer su voto. La Iglesia no le dice a nadie por quién votar, pero sí con qué criterios votar. Una directriz concreta que se desprende de esta doctrina es que ningún católico debe votar nunca por una ley y menos aún por un candidato proaborto, so pena de caer en pecado mortal [8]. En el caso de dos candidatos proaborto y sin haber un tercero con reales posibilidades de ganar, se justifica el voto por el que es menos malo en ese mismo asunto, debido a una evidente y grave razón proporcionada [9].
El tema del aborto cobra prioridad por encima de los demás problemas sociales, debido a que el derecho a la vida es la base y la condición de todos los demás derechos, a que el aborto (como también la eutanasia) es un acto intrínseca y gravemente malo [10], y también debido a que el número de víctimas de este acto abominable supera drásticamente al de cualquier otro ataque contra la vida de seres inocentes. Cada año en el mundo, el aborto quirúrgico mata entre 36 y 53 millones de personas no nacidas y en EEUU a 1.2 millones [11]. (Nada de lo afirmado aquí va en detrimento alguno de la compasión y la acogida a la mujer que ha abortado o a otras personas que se han involucrado en el aborto ni de la invitación que debemos hacerles al recurso al Sacramento de la Confesión, imprescindible para que los católicos obtengan el infinito perdón de Dios de sus pecados mortales [12].)
En conclusión, no hay justificación alguna para los secularistas de pretender callarle la boca a la autoridad de la Iglesia cuando sus enseñanzas morales tienen implicaciones políticas o cuando sus fieles actúan conforme a dichas enseñanzas en la esfera pública. Tampoco tienen justificación alguna aquellos católicos que pretenden desobedecer a la Iglesia en este asunto, porque al hacerlo desobedecen al mismo Cristo, Quien dijo a sus Apóstoles, de quienes el Papa y los obispos son los sucesores: “Quien a vosotros escucha, a mí me escucha; y quien a vosotros rechaza a mí me rechaza; y quien me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado” [13].
Notas:
[1]. Catecismo, no. 2242.
[2]. Cf. Mateo 16:13-19.
[3]. Cf. Mateo 28:16-20.
[4]. Catecismo, no. 2032.
[5]. Cf. Ibíd., no. 2420.
[6]. Cf. Ibíd., no. 1596.
[7]. Ibíd., no. 2036. Cf. no. 85.
[8]. Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre el aborto provocado, 1974, no. 22.
[9]. Cf. Carta del Cardenal Joseph Ratzinger (el actual Papa Benedicto XVI), Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, al Cardenal Theodore McCarrick, Arzobispo de Washington, con ocasión de la asamblea de la Conferencia Episcopal de EEUU, 14-19 de junio del 2004.
[10]. Cf. Declaración sobre el aborto provocado, Introducción, no. 11.
[11]. Cf. Henshaw, Family Planning Perspectives, 1990, 22:76-89 y Alan Guttmacher Institute, Facts of Induced Abortion in the United States, May 2011, http://www.guttmacher.org/pubs/fb_induced_abortion.pdf.
[12]. Cf. http://www.vidahumana.org/temas-de-ayuda/ayuda-postaborto.
[13]. Lucas 10:16, cf. Catecismo, nos. 87, 858, 861 y 862.
Por Adolfo J. Castañeda, MA, STL
Director de Educación e Investigación para el Mundo Hispano
Vida Humana Internacional
Me gusta mucho tu argumentación, sin embargo, leí en no se donde que «el Gobierno debe garantizar que lo que para algunas personas es pecado, no se convierta en delito para el resto».
Yo añadiría que, una pequeña parte, es responsabilidad de los creyentes.