Sólo hay una cosa más difícil que convencer a un interlocutor ateo o agnóstico de que México presenta rasgos de intolerancia religiosa, y esa es convencer a un interlocutor creyente que la falta de libertad religiosa también la padecen quienes no profesan su misma fe. De esa naturaleza son los problemas respecto a este derecho humano: donde unos ven ‘represión’ otros apenas ‘orden’; donde unos leen ‘discriminación’, otros dirán ‘equidad’; incluso algunos llamarán ‘tradición’ lo que a todas luces es una injusticia.
Pero los hechos son incontrovertibles: México ha liderado las estadísticas mundiales respecto a crímenes y amenazas contra agentes y ministros religiosos desde hace una década al menos (según informa puntualmente el Centro Católico Multimedial); los conflictos religiosos de católicos, evangélicos, protestantes, testigos de Jehová y musulmanes con las autoridades o entre ellos nunca encuentran solución mediada, sólo se rompen por el lado más delgado; y, finalmente, la cultura legal e institucional mexicana proscribe y discrimina el discurso de los creyentes de la participación pública. Ese es el perfil del clima de intolerancia y desdén por los temas de agenda religiosa en México. Vayamos desmenuzándolos.
¿Por qué debería importarme?
Durante la presentación del Informe Anual sobre Libertad Religiosa en el Mundo de la Fundación AIS el doctor Jorge Tralosheros, académico de la UNAM y colaborador de este semanario, insistió en repetir tres veces una frase, como para que quedara clara entre la audiencia: “Cuando hablamos de libertad religiosa no hablamos de religión, sino de derechos humanos”.
La frase en sí no es complicada, ni tiene conceptos difíciles, pero el académico sabe que debe repetirla porque está en México y, en nuestro país, la cultura de simulación entre la suprema potestad del Estado y la libertad de manifestar las creencias personales no ayuda a comprender lo que realmente intenta expresar. Seguro usted, querido lector, habrá leído rápidamente aquella idea y por ello también siento la obligación de repetirla: “Hablar de libertad religiosa no es hablar de religión, sino de derechos humanos”. Así de simple.
Dicho aquello, ahora tenemos que plantearnos ¿cómo va México en materia de derechos humanos respecto a la libertad religiosa?, ¿cómo se garantiza la libertad de creer o no creer en el país?, ¿cuáles son las principales agresiones que sufren los creyentes y los no creyentes sólo por creer o no creer?, ¿qué tanta libertad tienen los creyentes y los no creyentes para expresar y confrontar sus convicciones en la arena pública, en la política, la educación o la valoración de la cultura y las tradiciones?, ¿cuáles son los desafíos más urgentes en materia de libertad religiosa? Y podríamos seguir con las interrogantes pero desgraciadamente no encontraremos respuestas suficientemente argumentadas debido al desdén con el que la sociedad mexicana aborda estos temas. El Centro Católico Multimedial, por ejemplo, es el único organismo que hace un estudio permanente de los crímenes contra agentes y ministros religiosos en México; fuera de ellos no hay ni instituciones ni recursos destinados a vigilar, atender y dirimir los conflictos que sobrelleva la intolerancia religiosa en el país.
Y es una pena porque las agresiones contra las libertades de las personas por sus convicciones religiosas (para tenerlas o no) deben importar a todos porque implica a todos; tocan profundamente los derechos humanos porque así como es inaceptable el que se obligue a alguno a dejar su fe en la puerta antes de ingresar a los espacios de referencia públicos, tampoco es aceptable que se obligue a nadie a seguir una religión cuando prefiere no hacerlo.
Y, sin embargo, aunque México ha incluido en su Carta Magna principios de “no discriminación religiosa”, “libertad de religión” y ha asumido los valores de los convenios internacionales que tutelan la plena libertad religiosa aún hay leyes reglamentarias específicas que prohíben a algunos ciudadanos ciertas libertades cívicas (como ser electo en jornadas electorales) debido a su pertenencia y filiación religiosa. Además, más allá de las leyes, las buenas costumbres y la cultura política mexicanas desautorizan todo lenguaje religioso en los debates públicos sobre los desafíos y el destino del país.
La libertad religiosa, hay que insistir, protege por igual e indistintamente a agnósticos, creyentes y ateos.
Discriminación contra ateos y católicos
No es la más común en México. Debido a procesos históricos tras la Reforma, la Revolución y la Guerra Cristera, el desarrollo de las instituciones estatales en el país se ha logrado mediante la marginación de las instituciones o cuerpos religiosos intermedios a tal grado que algunos especialistas consideran que México ha intentado ser un país más que laico: “irreligioso”, “ateo” e incluso “antirreligioso”. Por tanto, no debería haber problema respecto a la libertad de no creer. Sin embargo, el aún mayoritario número de fieles católicos en el país y la larga tradición cultural judeo-cristiana obliga a “una esquizofrenia que se debate entre la moral pública y la moral privada” como advirtió el papa Benedicto XVI sobre la realidad nacional.
Por lo que, ser ateo en México no conlleva ninguna exclusión ni proscripción legal o institucional pero, al mismo tiempo, sí se padecen señalamientos morales discriminatorios. En 2014, la empresa Parametría realizó una encuesta nacional sobre discriminación y llaman la atención dos variables: casi la mitad de los encuestados consideró que la religión es muy importante para que el Estado garantice “buenos modos de vida” y, al mismo tiempo, el 47% opinó que los ateos no son gente confiable (al menos no como un creyente). Esto provoca que, aun los ateos, están compelidos a mostrar afinidad a ritos o devociones religiosas para “mostrarse más confiables” y a aparentar estándares morales religiosos en funciones gubernamentales (aunque estén prohibidos) si participan de la vida política.
De igual modo, al ser católica, una persona no sufre unilateralmente de discriminación en el espacio público en México, siempre y cuando no involucre sus creencias ni sus valores morales en los diálogos o debates de construcción de la sociedad. Entonces sí, está obligada a ser asépticamente religiosa.
Intolerancia contra cristianos no católicos
Un problema recurrente en México son las disputas políticas y territoriales aderezadas por intolerancia religiosa. En estos casos, es recurrente que organizaciones comunales, ejidales o municipales pongan como excusa las diferencias religiosas para apropiarse de bienes, valores o posiciones de poder. Los casos son muchos: En enero del 2016, al menos 30 familias evangélicas fueron desterradas de Tuxpan de Bolaños, Jalisco, bajo la excusa que su fe “era una amenaza para la comunidad” según reportó World Watch Monitor en Christian Today; en abril del 2001, 24 familias de San Nicolás, Hidalgo, denunciaron al delegado comunal Heriberto Lugo por “hostigamiento y amenazas de muerte por no profesar la fe católica”; en Camotlán, Oaxaca, el 9 de julio del 2015 un lugareño denunció ante la defensoría de derechos humanos (DDHPO/1014/(27)/OAX/2015) que las autoridades locales “le prohíben asistir a reuniones de su fe religiosa” porque en el ejido “se prohíbe la entrada a personas evangélicas o de cualquier religión que no estén dispuestas a obedecer a las autoridades”; en San Juan Ozolotepec, Oaxaca, el pastor Leopoldo Silva denunció que la presidencia municipal local “intimidó y amenazó a sus feligreses, y les sugirió que se fueran del pueblo”.
Todo ello, sin contar los asesinatos de pastores y líderes religiosos no católicos (como el de Gilberto Pliza en Villa Hidalgo, Oaxaca). Crímenes que no se pueden analizar debido al desinterés de las autoridades y a la falta de sistematización en la información sobre los mismos.
Intolerancia contra musulmanes
Uno de los fenómenos más nuevos –y por tanto menos estudiados- es el de las comunidades de fe islámica en México. Su número apenas ronda los 6 mil fieles del Corán pero los casos por discriminación e intolerancia se multiplican rápidamente gracias a la campaña mediática que simplifica el terrorismo en Europa, Asia y África con el islam. Alina García, educada en universidad católica, se convirtió al islam y relata que no es raro que en la calle le llamen “terrorista”; y no es la única Habybah Hayde, otra mexicana conversa al islam, fue golpeada con una Biblia por parte de predicadores cristianos en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México. Muhammad Ruiz Al Meksiki, director general del Centro Salafi de México, asegura que el estigma del terrorismo persigue a la comunidad musulmana en México. Uno de los episodios más lamentables sucedió cuando Judicial Watch de EU, advirtió que en una de las más pobres zonas de Ciudad Juárez (Anapra) había una célula del Estado Islámico en operación; las pruebas fueron unos tapetes “como los que usan los musulmanes para rezar” y textos en árabe. Nunca se comprobó la tesis, pero la comunidad islámica de Ciudad Juárez sigue denunciando hostigamiento y discriminación.
Conclusión
En México persiste el discurso agresivo, discriminador y ofensivo contra las expresiones o las convicciones religiosas de los ciudadanos. Una persona con cierta fe no puede expresarse en el espacio público; si es funcionario debe renunciar; si es juez no puede juzgar y si es ciudadano debe callarse. El fenómeno no es exclusivo contra los católicos, pero hay razones para argumentar que son éstos los que, por cultura, deben cargar contra el estigma del Estado laicista antirreligioso. El 23 de diciembre pasado, por ejemplo, en la sesión de la Asamblea Constituyente que redacta la Constitución de la Ciudad de México se aprobó un artículo que expresamente prohíbe la islamofobia y el antisemitismo, lo cual es deseable y correcto; sin embargo, las convicciones religiosas cristianas y los ateos, que suman más del 99% restante, no merecieron ni una sola palabra. @monroyfelipe