El Estado mexicano, como cualquier Estado soberano, tiene la obligación de garantizar el derecho a nacer de todos sus ciudadanos, pues toda vida humana merece protección, y todo el aparato del Estado debe orientar sus esfuerzos a garantizar este derecho, que no es negociable ante ningún partido político, ante ninguna otra nación y ante ningún organismo internacional. Sin embargo, el Gobierno del Distrito Federal se ha prostituido, bajo el absurdo pretexto de “homologarse” con propuestas mal llamadas “progresistas” de algunos partidos políticos, algunas naciones y algunas organizaciones que se ostentan -sin serlo- como Organismos Internacionales.
Encubierto por un lenguaje encriptado, este gobierno local se ha valido de expresiones como “Derechos sexuales y reproductivos” y “Servicios de salud reproductiva” para amparar la promoción del aborto a pesar de que no son términos reconocidos en el Derecho Internacional. Es una falsa terminología, pues ningún tratado internacional de Derechos Humanos incluye estos términos, y aunque el Gobierno del Distrito Federal, algunas Organizaciones No Gubernamentales, organismos de vigilancia, agencias de Naciones Unidas y algunos países, den por hecho que en estos términos se incluye el aborto, la verdad es que ninguno se sustenta en el Derecho Internacional, aunque su definición ya haya ganado terreno en algunas propuestas emanadas de la ONU.
Al contrario de lo que se supone, o se quiere dar por entendido, el auténtico Derecho Internacional sí incluye numerosas referencias a la importancia de proteger a los no nacidos. Es el caso de:
-El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 6.5 establece: “La pena de muerte no se impondrá por delitos cometidos por personas menores de 18 años de edad, ni se le aplicará a mujeres embarazadas”.
-La Convención sobre los Derechos del Niño, que en su Preámbulo determina: “El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, así como la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.
-El Convenio de Ginebra, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, que en su artículo16 estipula: “Los heridos y enfermos, así como los discapacitados y las mujeres embarazadas, serán objeto de especial protección y respeto”.
Otra falsedad en la que incurre el Gobierno del Distrito Federal consiste en afirmar que es su obligación promover el aborto, a pesar de que la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, en su párrafo 7.24 determina que “Los gobiernos deben tomar medidas apropiadas para ayudar a las mujeres a evitar el aborto”.
Uno de los argumentos de los que se ha valido el Gobierno del Distrito Federal para promocionar el aborto es que las mujeres mueren con la práctica de abortos clandestinos, por lo que deben ser protegidas con abortos practicados en clínicas “legalmente” establecidas, argumento que también es falsario, pues el aborto no es una solución al problema de la mortalidad materna, ya que destruye la vida humana y perjudica la salud de las mujeres. Al contrario, es obligación del Gobierno proporcionar servicios médicos durante la maternidad a toda mujer. Nuevamente, el verdadero Derecho Internacional así lo expresa, en los siguientes Tratados:
-La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en su artículo 12.2 consigna: “Los Estados garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia”.
-La Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 25.2 pone de relieve la importancia de la atención especial a las madres: “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”.
-El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 7.24 determina: “Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas para ayudar a las mujeres a evitar el aborto, que en ningún caso debe promoverse como método de planificación de la familia”.
Fuera de falsedades, la verdad es que con la Ley de Interrupción Legal del Embarazo -que no lo interrumpe, sino que lo aniquila por completo-, el Gobierno del Distrito Federal ha logrado desentenderse y zafarse de la responsabilidad y obligación que tiene, como gobierno que es, de proporcionar servicios médicos y de salud a las mujeres embarazadas. Es claro que en los más de 125,000 abortos promovidos y practicados en el Distrito Federal, desde el 24 de abril de 2007 hasta la primera mitad del año 2014, este gobierno ha incumplido en su deber fundamental: proteger el derecho a nacer que todos sus ciudadanos tienen y proporcionar la asistencia, orientación y cuidados que toda mujer embarazada debe recibir.