En estos días se legisla en el Congreso mexicano en favor de permitir tanto la producción, venta, como el consumo de la marihuana en México. La futura Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, asegura que será la manera de poner fin a la violencia en el país. Terminada la guerra contra el narco, dice, terminará la violencia.
Soy de Matamoros, Tamaulipas. La violencia en la región existía ya antes del narcotráfico. La frontera ha sido desde hace muchas décadas una zona violenta por el contrabando, el tráfico de migrantes y por disputas territoriales y políticas. Lo que ahora es el Cártel del Golfo y fue en los 80’s el Cártel de Matamoros existía ya como corporativo criminal en tiempos de la Prohibición en Estados Unidos, hace ya casi un siglo. Ese corporativo criminal fue el instrumento del Estado corporativista para entenderse por muchas décadas con los criminales, fueran violentos o no.
Fue en los 80’s que el entonces Cártel de Matamoros convirtió el narcotráfico en su actividad principal, y la droga de Colombia empezó a llegar a Estados Unidos por Tamaulipas.
En los 90’s este cártel logró una sofisticada militarización con la incorporación de grupos élite desertores del Ejército, que conformarían su brazo armado, “los Zetas”.
Esta militarización incluyó el extender su área de control hasta el centro de México y Centro América, y la diversificación de sus actividades criminales (secuestro, cobro de piso, etc.) tras combinar el narcotráfico con el saqueo de los ingresos y el patrimonio de los ciudadanos, mediante la organización de una federación nacional del crimen con la que pusieron a trabajar para ellos a cientos de bandas de delincuentes comunes de decenas de ciudades.
Debe notarse que desde entonces el narcotráfico es sólo una actividad más del crimen organizado. Desde entonces, no es la única causa de la violencia. Y aun, si fuera posible eliminar este tráfico con la legalización de la marihuana, el crimen organizado no cesaría sus actividades violentas porque ahora son muchos sus negocios y sus fuentes alternas de financiamiento.
En el 2000, con el relevo democrático de Fox, las policías locales de varios estados (entre ellos Tamaulipas) intentaron ingenuamente reclamar las cuotas del narcotráfico antes pagadas a las fuerzas federales, y acabaron, por su debilidad, sometidas a los grupos criminales.
En diciembre de 2006, Felipe Calderón inicia su respuesta militar contra el narcotráfico en Michoacán, a la cual frecuentemente se le atribuye el alza de la violencia en el país por la subsiguiente reacción de los cárteles.
Pero en gran medida el alza de la violencia en el país se debió más bien a la disputa de los cárteles por distintos territorios. Por ejemplo, la muerte de un operador de los Zetas a manos de integrantes del Cartel del Golfo sirvió de pretexto para la ruptura entre los Zetas y el Cártel del Golfo y la subsecuente guerra en 2010, con la cual los Zetas rechazaron dedicarse sólo a los otros delitos, según les imponían los del Golfo, y reclamaron también el lucrativo control del narcotráfico (Valdés 2013), que repito, no es el único negocio ni la única fuente de financiamiento.
Ese aumento de violencia coincidió con el debilitamiento del Estado. En 2011 el gobernador Egidio Torre puso fin a las policías locales tamaulipecas por no confiar en ellas y relegó la labor policiaca al Ejército y fuerzas federales.
La violencia se recrudeció por nuevas disputas entre bandas criminales. El embate del gobierno contra las bandas y la guerra entre unas y otras fragmentaron a los grupos de narcotraficantes: alrededor de ocho, los Zetas, y 21 el Cártel del Golfo.
Comparando esta evolución de la criminalidad con los crímenes perpetuados en los últimos años, el alza de los homicidios en Tamaulipas en 2010, 2011 y 2012 coincidió con el enfrentamiento entre Zetas y Cártel del Golfo. La disputa de las distintas plazas incrementó la violencia entre las organizaciones criminales, como parece volver a ocurrir en 2016 y 2017. La posterior alza de los secuestros, ordeña de gasolina y otros crímenes distintos al narcotráfico puede explicarse en la rapiña de los grupos fragmentados por ingresos financieros adicionales, ahora que estos ingresos también se han fragmentado.
Lo que se requiere de los gobiernos mexicano y tamaulipeco es no ignorar que el crimen organizado seguirá allí mientras haya mil maneras de explotar a los mexicanos distintas a la del narcotráfico. De considerar la fragmentación y debilitamiento de las organizaciones criminales, Tamaulipas requiere esfuerzos más diversos de procuración de justicia que los enfocados a combatir principalmente los grandes cárteles. Se requiere, por ejemplo, restablecer de lleno las policías estatales y locales sobre todo para atacar los delitos distintos al narcotráfico, como los secuestros, la extorsión y el cobro de piso, que afectan muy gravemente a la población local. Estas policías podrían contribuir así a acorralar más rápidamente a los grupos fragmentados.
El restablecimiento de estas policías, sin embargo, sólo puede darse si cumplen ellas con los más estrictos cánones de confianza y competencia, pues de no cumplirlas podrían de nuevo acabar integrándose y sirviendo a las organizaciones criminales. Es más, estos cánones de confianza y competencia no podrán darse si los líderes públicos, que vigilan a la policía, no cumplen también altos niveles de honestidad y profesionalismo. La confianza debe conquistar al público para fomentar la cultura de denuncia.
Otra razón para no suponer ingenuamente que legalizar las drogas en México pondría fin aquí al problema de la criminalidad es la siguiente. De no legalizarse también en Estados Unidos, el acceso al financiamiento, al lavado de dinero y al armamento que tienen los grupos criminales en Estados Unidos continuaría, y estos grupos se seguirían peleando por las rutas de comercio hacia el norte y cometiendo sus muchos otros crímenes horrendos, con narcotráfico o no, contra la población tamaulipeca y mexicana, por sentirse fuertes, ricos y bien pertrechados.
No seamos, pues, ingenuos. Ni seamos cobardes.
Por Arturo Zárate Ruiz